Teruel experimenta el fin de una era, empieza un futuro diferente

José Antonio Cappellano Salomone tenía 15 años cuando su familia se trasladó en 1978 a Andorra, una pequeña ciudad de la comunidad autónoma de Aragón, en el noroeste de España. Inicialmente, su padre se mudó allí para participar en la construcción de la nueva central eléctrica de carbón que había comenzado en 1974, pero acabó quedándose a trabajar en la planta, que entró en funcionamiento en 1979. La central se alimentaba de lignito negro de la cuenca minera de Teruel, junto con carbón importado. José Antonio conserva una foto de la época en la que se puede ver a su padre cerca de la primera columna de la central, mientras se realizaban las obras de lo que más tarde pasaría a llamarse Central Térmica de Teruel. Han pasado más de cuatro décadas. Y ahora que se ha convertido en el supervisor de la demolición de la central española, José Antonio quiere hacerse una foto mientras derriba la última columna de la central. Se trata de una forma de contar no solo una historia que se cierra, sino también una que se abre. Ya que, con el fin de la era del carbón, para Andorra, que lleva 40 años funcionando sin problemas (una central de 1,1 GW que por sí sola ha suministrado 224.000 GWh durante su existencia, el equivalente al consumo eléctrico de toda la península ibérica durante un año), comienza la era de las energías renovables. De hecho, la zona se convertirá en el futuro próximo en un nudo "híbrido", con sistemas solares, eólicos y de baterías y una fábrica de hidrógeno verde, donde se desarrollará la agrivoltaica –con el cultivo de diversas especies vegetales en el mismo terreno donde se produce la energía– y el turismo, creando nuevos puestos de trabajo y oportunidades de desarrollo. Porque la sostenibilidad no tiene que ver únicamente con el medioambiente, sino también con la resiliencia social y económica del territorio. Una explosión a cámara lenta A primera hora de la mañana del 13 de mayo, las tres torres de refrigeración de la central, de 107 metros de altura cada una y 13.000 toneladas de peso, desaparecieron como por arte de magia, gracias a una explosión controlada, en el curso de una operación planificada al milímetro desde hacía meses. La detonación se realizó de forma secuencial en las tres torres (en un segundo y medio se detonaron todos los explosivos) para minimizar las vibraciones del suelo y el lanzamiento de material al aire. El uso de docenas de pequeñas piscinas de agua instaladas alrededor de las torres, detonadas al mismo tiempo que las cargas que las derribaron, permitió que una verdadera pantalla de agua absorbiera gran parte del polvo desatado. Además, para amortiguar los efectos del derrumbe, también se utilizaron estructuras metálicas envueltas en tejidos de alta tecnología y cientos de pacas de paja. Las torres, con su característica estructura hiperboloide, eran el emblema de Aragón; podían verse desde lejos, junto con la chimenea de 343 metros de altura (que será demolida a finales del próximo año). Representaron, a finales de los 70, el crecimiento y la revitalización de la zona, la transformación de una zona pobre y deprimida en una de las más ricas de la región, con una de las rentas per cápita más altas de la comunidad autónoma. Demolición selectiva y sostenible La explosión del 13 de mayo (con las gigantescas torres derrumbándose a cámara lenta, mientras los trabajadores, las autoridades y los numerosos espectadores que habían acudido al evento aplaudían) fue el broche final a meses de preparación. Porque el de Andorra es un ejemplo de desmantelamiento sostenible, es decir, un proceso llevado a cabo minimizando tanto el impacto ambiental como el uso de recursos, garantizando la seguridad de las numerosas personas que trabajan en la obra y la recuperación de materiales, hasta en un 90% del total. Sin embargo, las explosiones no han terminado. Para finales de 2023, por ejemplo, está previsto el desmantelamiento definitivo de la caldera, que también se tratará de una operación pionera, ya que se detonará la estructura metálica. Mientras tanto, en España está en marcha el desmantelamiento de otras dos centrales térmicas: Compostilla (León) y Carboneras (Almería). Los trabajos preliminares en Andorra comenzaron en marzo de 2021, después de que el Gobierno español diera oficialmente el visto bueno al cierre de la planta en 2019. Se han retirado más de 6.100 toneladas de materiales que contenían amianto (situados principalmente en la zona de intercambio térmico de las torres) y, por supuesto, se han tratado como residuos peligrosos, en pleno cumplimiento de la normativa. Para evitar impactos negativos en el medio ambiente, las emisiones y los vertidos se controlan constantemente. Este es un tipo de trabajo donde es importante prestar atención a todos los detalles. Por ejemplo, las luces de mercurio, que están constantemente encendidas en lo alto de las torres para evitar que helicópteros y aviones choquen con ellas, han sido sustituidas por bombillas LED que, una vez que se estallen, no contaminarán el suelo. En Andorra se está aplicando un sistema de demolición selectiva para analizar y separar las 260.000 toneladas que componen el volumen total de todas las estructuras que se van a desmantelar en la central (que está dividida en nada menos que siete zonas diferentes) y que ahora se reutilizarán en la medida de lo posible para otras actividades, según los principios de la economía circular. El cemento que componía las tres torres no acabará en los vertederos, sino que se empleará para remodelar el terreno tras la demolición y para rellenar los túneles subterráneos. En cambio, los materiales de yeso, las mezclas bituminosas, la tierra y la roca no contaminadas, los revestimientos refractarios, los lodos que contienen sustancias peligrosas, los residuos de calcio, las cenizas y la madera que contiene sustancias peligrosas se enviarán a un centro de recogida autorizado. Hacia una nueva vida "El desmantelamiento de las centrales térmicas no debe verse como la fase final de algo, sino, por el contrario, como el primer paso hacia una nueva etapa", afirma Beatriz Muñiz, directora de proyectos de generación térmica del Grupo Enel en España. "Somos más de 200 personas trabajando en Andorra en el desmantelamiento, se podría decir que hemos formado una familia que estará unida durante cinco años. Esa familia está formada por mano de obra local y también por vecinos que empiezan a ver el desmantelamiento como una oportunidad en sí misma ahora, pero también para el futuro, gracias a las instalaciones renovables", subraya. Porque junto a los trabajos de desmantelamiento de la central, que deben ser sostenibles, está también la sostenibilidad del territorio y, por tanto, del futuro de los residentes y de las personas que trabajaban aquí. Una vez cerrada la planta, se colocó al personal menor de 56 años (unos 50 compañeros) en otras plantas de la empresa. Por ejemplo, Paulino Guía, que había sido supervisor del área de calderas y turbinas durante 16 años, pasó a ser supervisor de los parques eólicos de Borja y Ólvega tras un curso de reciclaje (en total, se impartieron unas 8.000 horas de formación a los trabajadores de las distintas plantas desmanteladas que iban a ser reubicadas). En la "nueva" obra de Andorra solo quedó un compañero, con el cargo de jefe de obra. Casi un centenar de personas, mayores de 56 años, aceptaron un acuerdo de renuncia voluntaria. Un camino que, dependiendo de la edad, también llevó a varias personas a la jubilación anticipada. ¿Qué pasará ahora? Cómo decíamos, hasta 2025 habrá unas 200 personas –principalmente residentes– empleadas en los trabajos de desmantelamiento, mientras que, posteriormente se emplearán miles de personas en la construcción de las nuevas plantas renovables. Un plan de inversión para un futuro sostenible en la zona que permitirá una transición energética justa, de la que también se beneficiará la comunidad local.

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